La delegación local del Colegio de Arquitectos presentó un escrito ante el intendente Guillermo Montenegro en el que denunció “deficiencias y falencias” en la Dirección General de Obras Privadas (DGOP) de Mar del Plata. El documento, firmado por el presidente de la institución, Diego Domingorena, el secretario Leandro Zapata y la tesorera Adriana Lucchetti, pidió al jefe comunal que arbitre medidas para “dotar a la DGOP de los recursos humanos, el equipamiento y la infraestructura necesaria para su correcto funcionamiento”.
Según la entidad, la falta de recursos impide que los profesionales puedan desarrollar con normalidad sus tareas y compromete el crecimiento de la industria de la construcción. “En el municipio, la DGOP es la responsable de llevar adelante la aprobación, fiscalización y control de las obras que se ejecutan en el territorio. Esta dependencia viene siendo desatendida, a pesar del crecimiento exponencial que ha tenido la actividad de la construcción en las últimas décadas”, señaló el Colegio de Arquitectos.
El escrito advirtió que la planta técnica y administrativa es insuficiente, que faltan capacitaciones para el personal, movilidad para fiscalizar, mobiliario y equipos informáticos adecuados, además de mejoras en soporte digital, software e instalaciones. Estas carencias derivan en “importantes retrasos que ralentizan la aprobación de expedientes, con la consecuente dificultad para habilitar en tiempo y forma las obras a ejecutar”, se explicó.
La institución cuestionó que “los marcados y acentuados inconvenientes de la DGOP no sólo afectan directamente la actividad de los profesionales de la arquitectura, sino que lacera y entorpece la capacidad de desarrollo de la industria de la construcción, provocando la paralización de cientos de puestos de trabajo y desfinanciando a inversores, comerciantes y a quienes construyen su vivienda propia”.
El Colegio también advirtió que las falencias “traen aparejadas la proliferación de obras clandestinas”, que no sólo incumplen la normativa vigente y se convierten en antirreglamentarias, sino que, al no contar con un profesional responsable, “implican un serio riesgo para la seguridad pública”.
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